E l Consejo de Ministros ha aprobado un sexto paquete de medidas para paliar los efectos económicos derivados de la crisis del Coronavirus (COVID-19) a través del Real Decreto – Ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

Este sexto paquete de medidas llega en un momento en el que la mitad de la geografía española se encuentra ya en la Fase 1 y la otra mitad lo está ya en la Fase 2 del Plan de Transición hacia una nueva normalidad que ha permitido que muchos negocios y profesionales puedan reanudar su actividad, aunque las consecuencias económicas de los dos meses de parón son latentes en la economía.

Así, para paliar esas consecuencias económicas, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas, que, en la mayoría de los casos, van encaminadas a prorrogar medidas ya aprobadas durante la crisis del Coronavirus.

Prórroga de las medidas de flexibilización del empleo agrario

El Real Decreto – Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, permitía la contratación de desempleados, inmigrantes y jóvenes extranjeros para el sector agrario con el firme objetivo de poner fin a la escasa mano de obra y trabajadores en el campo, como consecuencia de la crisis del Coronavirus y evitar así el desabastecimiento de alimentos.

Asimismo, los salarios percibidos por estos trabajos podrían ser compatibles con prestaciones por desempleo o por cese de actividad.

La vigencia de esta medida era hasta el 30 de junio de 2020 y con el Real Decreto – Ley 19/2020 se prorroga esta medida hasta el 30 de septiembre de 2020.

Para ello, las empresas y empleadores deberán comunicar a los servicios públicos de empleo autonómicos, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su concertación, las contrataciones cuya vigencia se acuerde prorrogar, indicando la nueva fecha de finalización.

Baja por contingencia profesional para trabajadores que prestan servicios sanitarios y se hayan contagios por COVID19

Se incluye dentro de la baja por contingencia profesional a los trabajadores que prestan servicios en centros sanitarios o socio – sanitarios y que se hayan contagiado por COVID-19. Hasta el momento no era así, sólo se estaba considerando este motivo para el resto de trabajadores.

Esto afectará a los contagios producidos hasta un mes después del fin del Estado de Alarma, debiendo aportar el correspondiente parte de accidente de trabajo y en el caso de fallecimiento, si éste se ha producido hasta cinco días después del contagio, se considerará accidente de trabajo.

Novedades en materia de presentación del Impuesto sobre Sociedades

El Real Decreto – Ley establece una serie de modificaciones y novedades en materia de presentación del Impuesto sobre Sociedades para los contribuyentes que se ajusten para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio a lo dispuesto en los artículos 40 y 41del Real Decreto – Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El plazo de presentación para los contribuyentes que formulen y aprueben cuentas anuales atendiendo al artículo 40 y 41 del Real Decreto – Ley 8/2020 se mantiene hasta el 25 de julio de 2020. No obstante, si a la finalización de este último plazo, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente, la declaración se realizará con las cuentas anuales disponibles.

En el caso de que la autoliquidación del Impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas anuales aprobadas por el órgano correspondiente difiera de la presentada con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, los contribuyentes presentarán una nueva autoliquidación con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020.

Esta nueva autoliquidación tendrá la consideración de complementaria, si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación anterior efectuada. La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora.

En el resto de casos, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en los artículos 126 y siguientes del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, ni se limiten las facultades de la Administración para verificar o comprobar la primera y la nueva autoliquidación.

En el caso de devolución de cantidades, se aplicará el artículo 127 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos el plazo de los 6 meses se contará a partir de la finalización del plazo establecido en el apartado anterior para la presentación de la nueva autoliquidación. Cuando de la rectificación, resulte una cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso efectivo en la autoliquidación anterior, se devengarán intereses de demora sobre dicha cantidad desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de declaración hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda. En particular, no se derivará ningún efecto preclusivo de las rectificaciones.

Prórroga del aplazamiento de deudas tributarias para pymes y trabajadores autónomos

El Real Decreto – Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, estableció un aplazamiento de deudas tributarias para pymes y trabajadores autónomos siempre que éstas no superaran los 30.000 euros. Este aplazamiento era de 6 meses, cuyos tres primeros meses no traían consigo intereses de demora.

El Gobierno, con el Real Decreto 19/2020 ha ampliado en 30 días más el aplazamiento con 30 días más sin generar intereses de demora. De este modo, se podrá solicitar un aplazamiento de hasta 7 meses con 4 meses sin intereses de demora.

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