L a reforma de las pensiones, en la que estaba trabajando el Gobierno, podría estar muy condicionada por la concesión de ayudas procedentes del Fondo de Recuperación Europeo del Plan de Recuperación Next Generation EU. Estas ayudas de la Unión Europea podrían chocar con los planes del Ejecutivo para las pensiones que se resumen en la revalorización de las pensiones con el IPC, el alargamiento del cómputo de vida laboral para el cálculo de las pagas o la una limitación a las jubilaciones anticipadas.
Las reformas que el Gobierno quiere llevar a cabo en materia de pensiones tendrán que superar el filtro de la Comisión Europea, que ya está preparando un reglamento sobre el funcionamiento de las ayudas y que coincidirá en muchos puntos con las recomendaciones realizadas por la Comisión a cada Estado Miembro, cuyo cumplimiento será clave para evitar que Estados Miembros con derecho a veto puedan tumbar las medidas llevadas a cabo por España.
Concretamente, las recomendaciones de la Comisión Europea para España en materia de pensiones van dirigidas a lograr el equilibrio presupuestario del sistema, sin especificar líneas de actuación.
Qué reformas se quieren llevar a cabo en materia de pensiones
La reforma de las pensiones es, desde el inicio de la legislatura, uno de los principales compromisos que adoptó José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. Concretamente, dicha reforma tiene como objetivos principales la revalorización de las pensiones al IPC a partir del próximo año y ajustar la edad real de jubilación para evitar el aumento descontrolado de prejubilaciones.
La revalorización de las pensiones en función del IPC supondría incrementar el tamaño de la partida en 2.500 millones de euros cada año. Se trata así de un elemento elevador del gasto que sitúa un horizonte ambicioso en términos presupuestarios para un gasto que ya supera los 10 puntos de PIB y que registra desde hace unos años un déficit estructural de 18.000 millones de euros.
En cuanto a la limitación de jubilaciones anticipadas, se pretende ajustar la edad real de jubilación en torno a 64 años a la edad legal que es ya de 66 años y 67 años a partir de 2027. Esto es así porque, por cada año que se gane de edad real de jubilación se recortaría un 25% el déficit de la Seguridad Social (actualmente en 18.000 millones de euros, aunque podría ascender a los 60.000 millones en 2020 por la pandemia), es decir, se recaudarían 4.500 millones de euros más al año. De hecho, si lo miramos con la perspectiva inversa, el no cumplimiento de la edad legal de jubilación entre los españoles resta a la Seguridad Social cerca de 8.000 millones de euros.
