L na vez alcanzada la Nueva Normalidad, el Ejecutivo comienza a retomar la agenda de trabajo que se quedó paralizada como consecuencia de la crisis del Coronavirus (COVID-19), rescatando proyectos como la reforma del sistema de pensiones, en la que ya está trabajando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que afectará especialmente a las jubilaciones anticipadas.

Las jubilaciones anticipadas en España suponen el 16% sobre el total, han aumentado en los últimos cinco años un 66% y provocan que la edad media de jubilación se sitúe en los 64,4 años, lo que supone un año y cuatro meses antes de la edad ordinaria de jubilación.

Esto tiene una consecuencia económica muy negativa: los trabajadores abandonan el mercado laboral antes de tiempo, dejan de cotizar e ingresan al sistema de pensiones antes de tiempo. Si traducimos esto a números obtenemos que estas prejubilaciones están costando a la Seguridad Social 8.200 millones de euros.

Posibles soluciones al problema de las prejubilaciones

El problema de las prejubilaciones será abordado por el Ministerio de Seguridad Social que tiene en mente dos posibles actuaciones: incremento de los coeficientes reductores aplicados a las pensiones anticipadas e incentivar fiscalmente la permanencia del trabajador en su puesto de trabajo.

A través de estas vías y según informa El Economista, por cada año que se le gane a la edad real de retiro de los trabajadores, se reducirá un 25% el déficit de la Seguridad Social, es decir, se recaudarían 4.500 millones más, que rebajarían el déficit anual de 18.000 millones de euros que registra el sistema de pensiones.

En cuanto al incremento de los coeficientes reductores aplicados a las pensiones anticipadas, su objetivo es compensar el hecho de que aquellos que se jubilan anticipadamente van a percibir pensión durante un mayor número de años, por lo que la cuantía mensual deberá ajustarse a la baja para hacer equivalente el monto global. La magnitud de estos coeficientes depende del tipo de jubilación anticipada y de la carrera de cotización que acredite el trabajador en el momento de acceder a la jubilación.

Por su parte, la incentivación fiscal de la permanencia del trabajador en su puesto de trabajo es una política que llevan reclamando varios años los empresarios. Por ejemplo, reclaman reducir las cotizaciones sociales de los trabajadores mayores de 52 años y mejorar la cotización para la pensión de los trabajadores que sigan en activo a pesar de haber cumplido la edad ordinaria de jubilación. Éstas serían dos herramientas muy válidas para asegurar que ni trabajadores ni empresas recurran a las jubilaciones anticipadas.

En Arrabe Asesores somos expertos en asesoramiento y tramitación de pensiones de jubilación. Si necesita ayuda, puede contactar con nuestro Despacho en el teléfono 917 140 489.