E l Consejo de Ministros del pasado 16 de noviembre aprobó una dotación presupuestaria de 63,3 millones de euros destinados a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia para la realización de varios proyectos dentro del Plan de Justicia 2030 incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta dotación presupuestaria, que será sometida a la Conferencia Sectorial de Justicia para su territorialización para la asignación de las partidas que corresponderán a cada Comunidad Autónoma, tiene como objetivos la mejora significativa de la eficiencia en el empleo de los recursos en el ámbito de la Administración de Justicia, así como inversiones significativas en el sector de tecnologías de la información (TIC), que favorecen la mejora competitiva de España según informan desde el propio Ministerio de Justicia.
Para cumplir con el objetivo de interoperabilidad que ayude a la construcción de un modelo en el que los sistemas de gestión procesal de las comunidades autónomas sean no solo completamente interoperables entre ellos, sino con el resto del ecosistema digital de la Administración de Justicia, se destinarán 26,4 millones de euros.
En materia de ciberseguridad, para el establecimiento de un servicio de seguridad que pueda proporcionar protección a las administraciones, así como mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de esta naturaleza, buscando sinergias con otros organismos nacionales y europeos en la materia, se destinarán 16 millones de euros.
Para el proyecto de Justicia orientada al dato para la explotación y aprovechamiento de la cantidad de información existente, se destinarán 8,4 millones de euros para «mejorar el diseño de políticas públicas y una mayor eficiencia».
La extensión del Proyecto 0 recibirá 4,4 millones de euros para desplegar equipamiento digital básico –tanto de software como de hardware– para desarrollar proyectos de transformación financiados con fondos europeos.
Para el desarrollo de un sistema que permita la celebración telemática del mayor número posible de actuaciones, se destinarán un presupuesto de 2,1 millones de euros. En esta misma línea, se apostará por la inversión en la textualización, un sistema que permita localizar rápidamente informaciones que se hayan documentado por una grabación visual, con un presupuesto de 2,4 millones; mientras que la adaptación de los sistemas de la gestión procesal a la nueva ley de eficiencia procesal estará dotada con 2,7 millones.
Los últimos 900.000 euros irán a parar al proyecto de Carpeta Justicia, para dotar a la Administración de Justicia de un servicio personalizado en el que particulares, empresas y profesionales tengan acceso a la información asociada a sus distintos procedimientos judiciales abiertos.
Con este Plan de Justicia 2030 se quiere lograr una mejora en la administración de justicia que se traduzca en una reducción en los tiempos de espera y una menor saturación de los juzgados y tribunales.
