E l Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere crear una nueva prestación por desempleo de 451,90 euros al mes, lo que supone el 80% del Índice Público de Rentas Múltiples (IPREM) que iría dirigido a las personas que se encuentren en situación de desempleo de larga duración o a desempleados que acrediten más de seis y menos de doce meses cotizados, de forma que no cumplan el periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación por desempleo que le corresponda.
Así viene recogido en el punto 10 del Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea, en el que se establece como objetivo la simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo.
Con la creación de esta nueva prestación por desempleo de 451,90 euros mensuales se agruparían hasta los seis subsidios actualmente en uno. Estos diversos subsidios asistenciales se cobran cuando los trabajadores en paro han agotado sus prestaciones y carecen de cualquier ingreso. Asimismo, se apunta que esta integración se hará de forma coordinada con el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que incluye el aumento de sus beneficiarios y el desarrollo de los itinerarios de inclusión.
La naturaleza del nuevo subsidio será el de una prestación por desempleo, complementaria del nivel contributivo, vinculada a cotizaciones previas, con una serie de requisitos en función de la acreditación de carencia de rentas individuales, responsabilidades familiares y el compromiso de cumplimiento de un itinerario personalizado de empleo ante el servicio público de empleo competente.
La duración del mismo dependerá de la edad, circunstancias familiares y la duración de la prestación agotada, con el objetivo de ampliar el periodo máximo actual del subsidio ordinario, incorporando las prórrogas de los subsidios extraordinarios aún vigentes.
El objetivo de esta nueva prestación por desempleo es ampliar la protección por desempleo, mejorando la cobertura al ampliar la duración de los subsidios y eliminar lagunas de desprotección de los programas actuales, pero también simplificar el funcionamiento del sistema, reduciendo el número de figuras para dar más claridad, seguridad jurídica y facilitar la gestión.
La implantación y entrada en vigor de esta prestación por desempleo está prevista para 2022.
