L os comercios físicos y online deberán adaptar a partir del mes de septiembre su operativa de pagos a una nueva normativa de pagos, que establece un sistema de seguridad con el fin de controlar quién y cuándo accede a los datos de los clientes, denominada Autentificación Reforzada de Cliente (ARC) o SCA por sus siglas en inglés.

Esta nueva normativa, que entra en vigor el próximo 14 de septiembre, viene a cumplir con la directiva de la Unión Europea contra el fraude y el uso de información en los pagos digitales y obliga a las entidades bancarias a realizar el “Open Banking”, con el que la banca se ve obligada a ofrecer un software a terceros para que puedan acceder a los datos de pago de sus clientes, a través de un sistema de seguridad con el fin de controlar quién y cuándo accede a los datos de los clientes, denominada Autentificación Reforzada de Cliente.

Con esta nueva normativa los comercios estarán obligados a solicitar al cliente que realice transacciones de más de 30 euros, dos elementos que lo identifiquen que puede ser el DNI, Pasaporte o la tarjeta bancaria; el PIN de la tarjeta o huella digital o un rasgo biométrico como los rasgos faciales. Esta obligación y operativa ya existe en los comercios físicos, pero no en los online, que deberán adaptarse para cumplir con esta normativa.

Para ello, la entidad bancaria con la que trabajen debe contar con una API, que enlace al cliente y el comercio sin necesidad de ningún requisito o trámite adicional. Sin lugar a dudas, es conveniente que el comercio contacte con una empresa especializada para gestionar el software utilizado para cumplir con esta normativa que será obligatoria a partir del 14 de septiembre siempre que se cumplan dos requisitos:

• Transacciones de más de 30 euros.
• Cada cinco transacciones realizadas con una tarjeta Contactless.

Por su parte, los consumidores cuentan con una serie de derechos que no pueden ser violados con esta normativa:

• – Estará prohibido realizar cargos adicionales en los pagos con tarjeta de débito o crédito.
• La responsabilidad del consumidor por el uso fraudulento o no autorizado de su tarjeta se rebaja de 150 a 50 euros y las reclamaciones a la entidad bancaria se deberán resolver en el plazo máximo de 15 días.

A pesar de que quedan menos de dos meses para la entrada en vigor de esta normativa, un reciente estudio de Mastercard revela que sólo el 14% de los comercios europeos han implantado la Autentificación Reforzada de Cliente.

Así, los comercios que no se adapten a tiempo se pueden enfrentar a graves consecuencias, especialmente los negocios online que podrían encontrarse con transacciones fallidas que pueden acabar con fuga de clientes a otros ecommerce que sí estén adaptados. En cifras, podemos estar hablando de pérdidas de 57.000 millones de euros teniendo en cuenta que hay más de 20,3 millones de españoles que compran online.