20 recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones

por | Oct 29, 2020

T ras más de cuatro años de reuniones para la futura reforma de las pensiones, la Comisión de evaluación y seguimiento del Pacto de Toledo ha alcanzado por fin la aprobación de un total de 20 recomendaciones que deberán ser votadas de nuevo en el próximo Pleno del Congreso de los Diputados que, previsiblemente, contará con el apoyo y respaldo suficiente. Así, tras la aprobación en el Congreso, el Gobierno podrá seguir trabajando en la nueva reforma de las pensiones que podría ver la luz el próximo 2021.

La 20 recomendación del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones ha contado con el apoyo de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria; la abstención de Esquerra Republicana, EH-Bildu y el BNG y el único voto en contra de Vox.

Estas son las 20 recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones

En las últimas semanas ya se han ido conociendo algunas de las principales recomendaciones que el Pacto de Toledo iba a aprobar en materia de reforma de pensiones. El listado total de recomendaciones es el siguiente:

Cotización para trabajadores autónomos por ingresos reales

Otra de las recomendaciones es la implantación de un sistema de cotización por ingresos reales para trabajadores autónomos, en el que ya está trabajando el Ejecutivo con los agentes sociales.

Asimismo, establece que sólo debe haber dos regímenes de trabajadores: por cuenta ajena y por cuenta propia.

Revalorización de las pensiones ligada al IPC

Las pensiones deberán estar sujetas a una revalorización anual con el IPC real. Esto ya está contemplado en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021 que contemplan una subida de las pensiones al 0,9%, que previsiblemente será el nivel del IPC a final de año.

Equilibrio financiero

Se debe garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social con el objetivo de tener los suficientes recursos para el pago de pensiones presentes y futuras. Para ello, se recomienda la separación de las fuentes de financiación y el traspaso al Estado de los llamados gastos impropios antes de 2023.

En este sentido, se prevé utilizar 12.000 millones de euros procedentes de cotizaciones sociales, que actualmente maneja el SEPE para el pago de las pensiones. Concretamente, se prevé derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al SEPE hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.

Cotización mínima de 15 años para acceder a la pensión de jubilación contributiva

El periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de jubilación contributiva será de 15 años y se estudiará el impacto de la ampliación a 25 años para el cálculo de la base reguladora.

Por otro lado, se abre la puerta a poder elegir los mejores años para calcular la pensión y evitar así situaciones de paro o merma de ingresos en los últimos años de cotización, siendo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) la que realice estos estudios.

Limitación de los incentivos al empleo a colectivos vulnerables

Se propone limitar los incentivos al empleo a aquellos colectivos especialmente vulnerables, con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género. También a los parados de larga duración, los jóvenes y los mayores de 55 años.

Derecho de información sobre el derecho de pensión

Los ciudadanos deben disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión. Esto ya existe actualmente con una herramienta, disponible a través de la Página Web de Seguridad Social, con la que se puede simular el importe de la pensión de jubilación introduciendo unos datos personales.

Creación de una agencia de la Seguridad Social

Se recomienda la creación de una agencia de la Seguridad Social que permita la gestión integrada de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones. Además, se pide abordar de forma inmediata un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de la Seguridad Social.

Modernización de las mutuas

Se recomienda abordar el proceso de modernización del funcionamiento de las mutuas y dotarlas de más flexibilidad.

Lucha contra el fraude en cotizaciones sociales

Se anima a la Administraciones a cruzar información y a reforzar los medios de la inspección y el régimen sancionador, para acabar con el fraude en cotizaciones sociales, falsos autónomos o cotizaciones que se dejan de abonar.

Principio de contributividad

El documento es tajante: «Es necesario preservar y reforzar el principio de contributividad sin menoscabo de la solidaridad del sistema».

Incentivar la permanencia de los trabajadores en activo

Esta es una de las recomendaciones que han generado mayor polémica. Incentivar que los trabajadores permanezcan en activo el máximo tiempo posible, limitando las jubilaciones anticipadas con posibles penalizaciones y fomentando alargar la permanencia de trabajadores en activo con incentivos en cotizaciones sociales. Eso si, siempre atendiendo a las situaciones de vulnerabilidad de algunos colectivos.

Pensiones de viudedad y orfandad

Replanteamiento y reformulación de las pensiones de viudedad y orfandad. En este sentido, el Gobierno ha afirmado que ya trabaja en que la pensión de viudedad para adaptarlas a la nueva realidad del momento social. El principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. Además, se plantea que otros factores como la edad o las cargas familiares también se tengan en cuenta a la hora de calcular la prestación.

Asimismo, también se contempla que la pensión de viudedad pueda ser solicitada por personas cuyo vínculo con la persona fallecida sea una unión de hecho y no un matrimonio.

Suficiencia

El Pacto propone que se fije como referencia adecuada sobre su cuantía la tasa de sustitución (porcentaje de la pensión media sobre el salario medio de los ocupados).

Complementariedad

Impulsar los planes de pensiones de empleo en la negociación colectiva.

Equiparación de las pensiones entre hombres y mujeres

Se recomienda la toma de medidas estructurales para conseguir la total equiparación de las pensiones entre hombres y mujeres, para acabar con las desigualdades de género existentes.

Recuperación de la confianza en el sistema de pensiones por parte de los jóvenes

El problema de las pensiones ha llevado, en los últimos años, a que la población más joven pierda la confianza en este sistema. Esto, sumado a la precariedad laboral existente en la población más joven. El Pacto recuerda la precariedad que sufren los jóvenes, “lo que dificulta generar amplias carreras continuas de cotizaciones” y el descrédito que ello acarrea en el sistema.

Compatibilizar la pensión de incapacidad permanente con la realización de un trabajo

Para apoyar a las personas con discapacidad, se propone compatibilizar la percepción de las pensiones por incapacidad permanente con la realización de un trabajo.

Control parlamentario

El Gobierno comparecerá anualmente ante la Comisión. A los cinco años el Congreso hará una revisión general.

Con estas recomendaciones del Pacto de Toledo, una vez que sean aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, el Gobierno comenzará a trabajar en la reforma de las pensiones que podría ver la luz en 2021.

Digitalización

Se remarca el impacto que tienen las plataformas digitales y se pone el foco en los falsos autónomos y la infracotización. En este sentido, en los últimos años han proliferado herramientas digitales que han dado lugar a nuevas formas de trabajo que pueden conllevar un fraude en cotizaciones sociales como la figura de los riders y los falsos autónomos, por ejemplo.

Apoyo a la inmigración

Apoyo a la inmigración legal para satisfacer la demanda del mercado laboral español.

 

Ruth Muñoz Cruz

Directora Comunicación Corporativa y Marketing Online
ruth.munoz@gefiscal.es