E l Impuesto sobre el Patrimonio y, concretamente, el incremento en su tipo de gravamen del 2,5% al 3,5% contemplado en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021, se encuentra en tela de juicio y corre el peligro de ser declarado inconstitucional. Ese es precisamente el objetivo perseguido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que se reunió la pasada semana con el Defensor del Pueblo para solicitar que este incremento sea considerado inconstitucional.

La reunión contó con la presencia de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE), Josep Sánchez – Llibre, vicepresidente de la CEOE y presidente de Foment del Treball e Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE, que se reunieron con Francisco M. Fernández Marugán, actual Defensor del Pueblo para solicitar que éste interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que contempla el incremento al 3,5% del tipo de gravamen del Impuesto sobre Patrimonio, convirtiendo también este impuesto en indefinido.

En su solicitud se apoyan en la reciente doctrina del Tribunal Constitucional que establece que un tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio del 3,5% es distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional. Asimismo, denuncian que España es el único país de la Unión Europea con un impuesto de este tipo que además “grava el ahorro de algo que ya se ha pagado con impuestos”.

Por su parte, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez – Llibre, ha apuntado que el Impuesto sobre el Patrimonio es «confiscatorio e injusto y atenta contra la libertad y la propiedad privada de los contribuyentes españoles» al considerar que «no es justo gravar el patrimonio con un 3,5%, después de haber pagado ya una renta, cuando la rentabilidad de las rentas del tesoro es del -0,5%. Eso quiere decir que los contribuyentes españoles, para poder pagar Patrimonio, tienen que vender una parte importante de su patrimonio».

Armonización fiscal en el Impuesto sobre Patrimonio

Esta solicitud al Defensor del Pueblo coincide con la polémica suscitada los últimos meses en relación a la armonización fiscal de impuestos como Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Patrimonio.

La armonización fiscal en estos impuestos podría ser llevada a cabo por el Gobierno en los próximos meses, después de que fuera el condicionante para que ERC apoyara la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.