C uando una persona fallece con bienes muebles e inmuebles (viviendas o cuentas bancarias, por ejemplo) radicados en diferentes países se plantea la problemática de hacer frente a los trámites y burocracia necesaria en cada uno de esos países para modificar la titularidad de esos bienes, así como para hacer frente a los impuestos correspondientes en cada país. Toda esta carga burocrática se puede minimizar con el certificado sucesorio europeo.

El certificado sucesorio europeo o “pasaporte de los herederos” es un documento oficial que, en España, emiten los jueces o notarios por un precio aproximado de 150 euros en los supuestos más sencillos. Este documento acredita la condición de sucesores, herederos, legatarios o albaceas de un fallecido con bienes repartidos por distintos países de la Unión Europea (a excepción de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido); las cuotas o bienes que les corresponden; las facultades para ejecutar el testamento o administrar la herencia. Asimismo, contiene la legislación aplicable a la sucesión y su contenido.

Este documento permitirá a los portadores del mismo acudir a cada país para realizar las gestiones oportunas relacionadas con la herencia del fallecido utilizando un mismo documento sin tener que acreditar de manera independiente su condición de heredero en cada país. De este modo, se simplifican los trámites y la burocracia.

No obstante, existe un gran desconocimiento sobre el certificado sucesorio europeo. De hecho, en España, desde 2015 (fecha de su entrada en vigor) sólo se han tramitado 700 certificados sucesorios, aunque su uso se está extendiendo mucho más en los últimos años pasando de los 40 de 2016 a los 200 de 2020. Sin embargo, teniendo en cuenta que cada año fallecen en España 3.300 extranjeros con residencia en nuestro país y 3.000 españoles residentes en el extranjero, su uso aún es muy residual.

Los obstáculos a los que se enfrenta este certificado sucesorio europeo son varios:  la falta de reformas normativas que solucionen los desajustes en su puesta en marcha y la dificultad para poner en un certificado esquemático que funciona como formulario la ley extranjera que se aplica a los herederos y sus bienes.

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