La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha aumentado sus intervenciones, ante el incremento de los casos en los que se fingen despidos improcedentes que, en realidad son acordados entre las empresas y los trabajadores que tienen próxima la jubilación.

Esta práctica busca que el trabajador obtenga una serie de beneficios. En primer lugar, percibe una indemnización derivada del despido que puede quedar exenta de tributación por el IRPF hasta un máximo de 180.000 euros. Por otro lado, separar su camino del de la empresa permite al trabajador cobrar la prestación por desempleo un máximo de dos años, que normalmente se calcula para que este llegue a cumplir con la edad de jubilación exigida.

El hecho de que cada vez más se recurra a este acuerdo entre empresa y trabajadores que se encuentran en estas condiciones, es consecuencia de la disminución del 75% que han sufrido las jubilaciones anticipadas forzosas en la última década.

Consecuencias legales a las que se enfrentan quiénes llevan a cabo despidos acordados previos a la jubilación

La simulación de despidos improcedentes tiene una serie de implicaciones tanto para la empresa como para el trabajador. Esta actuación está calificada como un incumplimiento tributario, y a nivel laboral y de la seguridad social es considerada un acto de incumplimiento grave.

Empresa y trabajador pueden verse sancionados con multas cuya cantidad oscila desde los 7.501 euros hasta los 225.018 euros, teniendo la entidad que responder de forma directa a devolver las cantidades que el trabajador percibió, siempre que no haya dolo o culpa por parte de la misma.

Por otro lado, el Código Penal establece en su artículo 307 ter. que aquellos que obtengan de forma indebida prestaciones de la Seguridad Social utilizando la simulación, tergiversación u ocultación consciente, causando daños a la Administración Pública, puede enfrentarse a una pena que puede variar desde los seis meses hasta los tres años de prisión.

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