E l Ejecutivo ya ha dado traslado a la Comisión Europea del texto definitivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Programa de Estabilidad 2021 – 2024 para la obtención de los 140.000 millones de euros prometidos por Europa para la recuperación de la economía española tras las graves consecuencias de la crisis del Covid19. Una vez que se ha dado traslado de dicho Programa, ya se conocemos los compromisos y la reforma fiscal que se deberán llevar a cabo para cumplir con las exigencias de la Unión Europea que condicionan las ayudas europeas.

Estamos hablando de 30 compromisos que incluyen medidas que afectan a diferentes impuestos y que los contribuyentes notarán en su ahorro y economía familiar: peajes en todas las autopistas y autovías a implantar a partir de 2024; aumento de forma gradual de la base máxima de cotización para las pensiones antes de finalizar el año 2022 o la eliminación de la deducción en IRPF por tributación conjunta, entre otras medidas.

Peajes en todas las autopistas y autovías

El anuncio que ha generado más revuelo desde que se conoció, es la implantación de peajes en todas las autopistas y autovías, cuya entrada en vigor se ha fijado para 2024.

El Ejecutivo se ha comprometido con la Unión Europea a implantar la tarificación en la red de carreteras españoles afectando sólo a autovías o autopistas, aunque no se descarta que se incluya también a las carreteras convencionales. El objetivo no es otro que sufragar el mantenimiento de éstas a través de la recaudación de esos peajes y no a través de los Presupuestos Generales del Estado que se llevan 8.000 millones de euros para su mantenimiento y conservación.

La intención del Gobierno es aprobar esta medida a mediados de 2023 para su entrada en vigor en 2024 aunque seguramente no contará con todos los apoyos esperados ya que cuenta con un fuerte rechazo por parte de toda la población.

Revisión del gasto público hasta 2026

Otro de los compromisos incluidos en esa lista de 30 medidas remitidas a la Comisión Europea es la revisión y mejora de la eficacia del gasto público, en el que se prometen ejercicios de revisión del gasto hasta 2026 para asegurar la estabilidad presupuestaria y reafirmar la sostenibilidad de la deuda pública a medio plazo a fin de lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo sin dañar la inversión ni la protección social una vez que la recuperación económica sea firme.

Para ello, se dará más importancia a los spending reviews, que viene elaborando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), a quien se encargarán ahora planes quinquenales para desligar del ciclo político los procesos de revisión del gasto público y donde se creará un departamento específico.

En este sentido, la AiRef ya ha elaborado varias recomendaciones al Gobierno para mejorar el gasto público y para una mayor eficiencia de los recursos públicos: gasto en subvenciones; en farmacia extrahospitalaria; políticas activas de empleo; becas universitarias; promoción talento y empleabilidad en I+D+i; fortalecimiento de la competitividad empresarial; y en la factura de Correos.; coste en infraestructuras y transportes; el gasto hospitalario; los incentivos a la contratación y los beneficios fiscales.

El objetivo de esta revisión del gasto público es aumentar la calidad del gasto público, mejorando su composición y reorientando su uso, para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, sin dejar de hacer frente a los retos demandados por la nueva realidad económica y social.

Dentro de este bloque también se incluye un apartado destinado a la lucha contra el fraude fiscal, que se pretende acometer reforzando el número de inspectores de Hacienda y logrando un aumento de los efectivos de la AEAT hasta el entorno de los 28.000 que llegó a tener en su día, frente a los 25.000 actuales en el periodo 2021 a 2023.

Eliminación de deducciones en IRPF y otros impuestos

En línea con esa mejora y revisión del gasto público y para aumentar la eficiencia de los recursos públicos, el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a analizar con detalle 13 recomendaciones de la AiRef dirigidas a eliminar algunas deducciones en IRPF y otros impuestos.

Esto ha generado una gran polémica ya que, entre esas deducciones se encuentra la deducción por tributación conjunta que, de ser eliminada supondría un gran varapalo para muchos contribuyentes, especialmente para aquellos con ingresos más bajos. Estamos hablando de que, esta deducción impide a la AEAT cobrar 2.400 millones de euros. No obstante, a pesar de que la eliminación de esta deducción parecía clara, el Gobierno ha rectificado posteriormente desmintiendo esa posibilidad.

Estas 13 propuestas de la AiRef supondrían una reforma fiscal de 34.248 millones de euros.

Buenas prácticas tributarias en el colectivo de trabajadores autónomos

Dentro el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Unión Europea se incluye como objetivo crear «unas buenas prácticas tributarias» que se lograrían con una relación de cooperación entre la AEAT y grandes empresas, asociaciones, colegios profesionales, pymes y autónomos.

En lo que respecta a los trabajadores autónomos, el objetivo del Gobierno es eliminar la utilización de software de doble uso, utilizado para «esconder» determinados ingresos o gastos en la contabilidad o limitar al máximo las operaciones en efectivo.

Para lograr esto, el Gobierno apuesta por aumentar los recursos humanos necesarios para la detección de ingresos no declarados, modernizar sus sistemas informáticos y mejorar la atención al contribuyente con un nuevo modelo de asistencia integral que primará y perfeccionará la atención no presencial, la mejora de datos fiscales sobre el Impuesto de Sociedades, un servicio de ayuda a la autoliquidación del IVA (modelo 303), la importación de los datos de los libros de registro en el IRPF o el establecimiento de un sistema único de atención tributaria que se complemente con una aplicación destinada al pago de deudas con la Administración.

Aumento de forma gradual de la base máxima de cotización para las pensiones

Dentro de la futura reforma de pensiones, el Ejecutivo se ha comprometido con la Comisión Europea en aumentar de forma gradual la base máxima de cotización para las pensiones hasta 2022 y sustituir el factor de sostenibilidad por otro mecanismo de solidaridad intergeneracional.

Por otro lado, se quiere lograr también la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social descargando al sistema de los conocidos gastos impropios y trasladándolos al Estado. Esta última medida, que ya se ha empezado a aplicar, se seguirá desplegando hasta 2023, cuando se aspira a lograr el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social.

Otras de las reformas prometidas a la Comisión Europea es la revalorización de las pensiones al IPC; incentivar alargar la edad de jubilación y adaptar el periodo de cálculo de la pensión a las nuevas carreras laborales.

En cuanto a los trabajadores autónomos, el Gobierno se ha comprometido con Europa en implantar en 2022 el nuevo sistema de cotización por ingresos reales.

Reformas laborales

Dentro de las reformas laborales prometidas a Europa destaca la simplificación de los tipos de contrato, la modernización de la negociación colectiva y la modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales.

Concretamente, el Ejecutivo propone ya en 2021 la reducción de los tipos de contratos a tres (indefinido, temporal y formación), haciendo que el indefinido sea la regla general y el contrato temporal tenga un origen exclusivamente causal; dará más peso al convenio sectorial frente al de empresa; recuperará la ultraactividad e impedirá que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación como mecanismo de reducción de los estándares laborales.

Asimismo, también se ha comprometido con la regulación del trabajo de los repartidores a domicilio y el diseño de unos nuevos ERTE estructurales, para utilizar más allá de la pandemia.

Reforma fiscal a partir de 2023

En cuanto a la reforma fiscal que el Gobierno pretende acometer a partir de 2023, una vez que el comité de expertos presente sus conclusiones, también supone uno de los compromisos adoptados con la Unión Europea. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que sólo se llevará a cabo esa reforma fiscal cuando España haya recuperado los niveles de ingresos previos a la crisis del Covid19.

Aunque aún se desconoce a qué impuestos afectará y en qué medida, todo parece indicar que se impondrá un tipo de gravamen mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades y la armonización fiscal en Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Dentro de los impuestos “verdes”, el Ejecutivo ya tiene en mente la entrada en vigor de la Ley de los impuestos al plástico y los residuos que entrará en vigor este verano; la revisión de los impuestos de matriculación y circulación en el primer trimestre de 2022; la reforma del gravamen sobre gases fluorados en la primavera del 2022 y la revisión de la fiscalidad de los hidrocarburos en el cuarto trimestre de 2022. Sería entonces cuando Hacienda retomaría su plan para equiparar el gravamen del diésel al de la gasolina, con la que se espera recaudar 500 millones más.

Desde Arrabe Asesores os informaremos de la reforma fiscal que se vayan produciendo a medida que estas propuestas empiecen a materializarse.