El nuevo impuesto a las grandes eléctricas, anunciado por el presidente del Ejecutivo hace ya varios meses continúa su desarrollo hasta su total aprobación, previsiblemente la semana que viene en el Pleno del Congreso de los Diputados. Frente a la propuesta inicial, este impuesto ha sido suavizado por el Gobierno al introducir dos enmiendas transnaccionales.

A través de estas enmiendas, el nuevo impuesto contará con las siguientes exclusiones:

• Se excluye del importe neto de la cifra de negocio para la determinación del gravamen el correspondiente a las actividades reguladas.
• El impuesto se aplicará únicamente a la actividad desarrollada por las compañías en España.
• No afectará a las empresas que realizan el suministro a precio reglado, lo que sucede con el PVPC de la electricidad, el TUR del gas y el GLP tanto envasado como por canalización.

Asimismo, el Ejecutivo ha pactado con Bildu que a partir de 2024 se evaluarán los resultados para estudiar la posibilidad de que sean permanentes y se abre la vía para que la gestión de estos tributos recaigan en las haciendas forales y vascas pues, en un principio, se contempló que la gestión sería a nivel nacional.

Por último, se va a considerar operadores principales en los sectores energéticos a las empresas que se dediquen a actividades de petróleo, gas natural o minería del carbón, con la condición de que generen al menos un 75% de su volumen de negocio en torno a la extracción, minería o refinado de petróleo.

¿En qué consiste el nuevo impuesto a las eléctricas?

El impuesto a las grandes eléctricas está dirigido a gravar los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y 2023 por las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que tengan más de 1.000 millones de euros de facturación. Según los datos de cierre de 2021, afectaría a Iberdrola, Repsol, Red Eléctrica, Acciona, Endesa, Naturgy, Acciona Energía, Cepsa, la eléctrica portuguesa EDP, petroleras como BP, Galp y Disa.

Tendrá carácter temporal afectando a los beneficios de 2022 y 2023 y en estos dos años se espera recaudar 4.000 millones de euros. En este sentido, el Ejecutivo propuso que los beneficios de las eléctricas se inviertan en beneficios extraordinarios en trabajadores y consumidores.

La consecuencia directa de esta medida es un recorte del 15,4% en los beneficios de estas compañías en lo que respecta a 2022 lo que supondrá un recorte de 2.000 millones de euros que dejarán de percibir y del 16% y pérdidas de otros 2.000 millones de euros en 2023.

Este impuesto a las eléctricas será aprobado, previsiblemente la próxima semana en el Congreso de los Diputados. Desde GEFISCAL ETL Global os mantendremos informados del avance de este impuesto y de su total aprobación y entrada en vigor.