Saltar al contenido

“Muerte civil” para las empresas que cometan fraude fiscal

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (AHE) ha propuesto impulsar la “muerte civil” de las empresas que cometan fraude fiscal a fin de que se les impida optar a licitaciones públicas, recibir subvenciones o incentivos fiscales o tan sólo emitir facturas.

Así viene recogido en el informe Algunas propuestas contra el fraude fiscal y de reformas de las administraciones tributarias en el marco del Plan de Resiliencia. Esta “muerte civil” debería regularse dentro de la Ley General Tributaria (LGT) estableciéndose como un mecanismo a través del cual las empresas que cometan fraude fiscal no puedan continuar con su normal operativa económica.

En este sentido, esta “muerte civil” estaría dirigida a los testaferros, sociedades pantalla, entidades interpuestas o tramas de fraude; a los contribuyentes ilocalizables o que no comparezcan ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) reiteradamente; los responsables solidarios de deudas; las firmas sancionadas por infracciones firmes a partir de determinados importes; o las compañías condenadas por delitos frente a la Hacienda Pública o insolvencia punible.

¿Qué implicaría esa “muerte civil” para las empresas o contribuyentes afectados?

La AHE propone que esa “muerte civil” implique a los contribuyentes defraudadores la imposibilidad expedir facturas; de contratar con la Administración Pública; de realizar escrituras notariales de carácter económico (salvo para cancelar sus deudas fiscales); el cierre de su operativa financiera y cancelación de su NIF; la denegación de todo tipo de subvenciones o ayudas públicas; veto al acceso a licitaciones y ayudas públicas y no aplicación de beneficios e incentivos fiscales.

En cuanto a los contribuyentes particulares, la AHE establece que se podría completar el indicador de la renta declarada en el IRPF, actualmente utilizado como indicador de capacidad económica de cara a becas, ayudas públicas, o prestaciones, con requisitos ligados a la situación patrimonial de la persona y de su entorno familiar. Se tomarían en consideración datos sobre titularidad de vehículos, inmuebles y resto de activos, gastos realizados, acceso a cuentas y medios de pago propios o de terceros.

Finalmente, la AHE apuesta también por rebajar de 600.000 a 300.000 euros el umbral de deudas con la AEAT para aparecer en el listado público de morosos de Hacienda.

Este tipo de medidas tienen como finalidad frenar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales con un sistema en el que la empresa se enfrente a graves consecuencias si comete algún tipo de fraude fiscal.

¿Te afecta? Lo vemos con tu asesor.

Contactar

Hablemos

Negocio local, visión global