Cuando hablamos de asesores fiscales nos referimos a asesores, abogados o gestores administrativos que hayan diseñado, comercializado, organizado o puesto a disposición o gestionado un mecanismo transfronterizo sujeto a la obligación de comunicación o que presten ayuda, asistencia o asesoramiento directamente o a través de otras personas en el diseño, comercialización o gestión de este tipo de instrumentos.
No obstante, esta obligación choca con dos excepciones: cuando el intermediario deba guardar el secreto profesional o cuando no haya intermediario porque el asesoramiento lo realicen los propios asesores o abogados de la empresa que tenga la condición de obligado tributario.
¿Qué información deberán proporcionar los asesores fiscales?
Los asesores fiscales que cumplan esos requisitos deberán proporcionar al fisco los datos relativos al mecanismo transfronterizo sujeto a obligación de comunicación y tendrán que ver con la identificación de las partes, en qué consiste la operación, el valor del efecto fiscal derivado del mecanismo, incluyendo, en su caso, el ahorro fiscal, así como la fecha en la que se ha generado o vaya a generar algún efecto jurídico o económico, entre otros.
A la hora de determinar cuándo estamos ante un mecanismo transfronterizo sujeto a obligación de comunicación, la AEAT establece que cualquiera de estas prácticas son mecanismos de planificación fiscal agresiva. No obstante, la obligación de declaración de un mecanismo transfronterizo no implica que dicho mecanismo sea defraudatorio o elusivo, pero Hacienda entiende que en cualquiera de estas prácticas concurren determinadas circunstancias indiciarias de planificación fiscal que le hacen acreedor de la obligación de declaración.
Existen también indicios específicos que pueden derivarse de transacciones tales como la compra de empresas en pérdidas para aprovecharlas y bajar la factura fiscal; los pagos efectuados como gastos deducibles en la sede del pagador pero que no se gravan en la sede del perceptor con el que existe vinculación; las operaciones que pueden buscar eludir la aplicación de los instrumentos de intercambio de información o el conocimiento de titularidades reales o formales; o transmisiones de activos intangibles sin comparables entre empresas vinculadas.
Cuándo se deben comunicar los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal a la AEAT
Por otro lado, también nacen las obligaciones de declarar la actualización de los mecanismos transfronterizos comercializables por parte de los intermediarios y presentar una declaración de la utilización en España de los mecanismos transfronterizos por parte de los obligados tributarios, en el último trimestre del año siguiente a aquel en el que se hayan comenzado a utilizar.
Con todos estos datos, que serán remitidos a la Comisión Europea, se creará un directorio accesible a todos los Estados Miembros. Por su parte, la AEAT lo publicará en su Sede Electrónica para dar publicidad a los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal más destacados que hayan sido declarados con transcendencia tributaria en España.
¿Cuándo podrán los asesores eximirse de comunicar los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal a la AEAT?
Frente a la obligación de informar a la AEAT de los mecanismos transfronterizos en los que intervengan o participen dos o más partes que se localizan, al menos, entre dos Estados de la Unión Europea o entre un Estado miembro de la UE y un tercer Estado, siempre que concurra un indicio que implique una posible planificación fiscal agresiva, existe una excepción: acogerse al secreto profesional.
La dispensa del secreto profesional sólo opera cuando se realice un asesoramiento neutral, es decir, cuando el abogado o asesor, preguntado por su cliente sobre la tributación del mecanismo, se limita a describir el tratamiento fiscal aplicable sin cruzar la línea roja de recomendar como estructurarlo.
¿A qué sanciones se enfrentan los asesores en caso de incumplimiento?
En caso de incumplimiento, el asesor se expone a sanciones de 2.000 euros por cada dato omitido o inexacto, por un mínimo de 4.000 euros. Estamos ante un régimen sancionador muy severo que nos recuerda al existente para el Modelo 720, que ya está en el punto de mira del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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