Ahora, el TEAR de Galicia anula esa sanción al considerar que “el propio órgano inspector había admitido previamente la condición de espacio constitucionalmente protegido del lugar en el que se iban a desarrollar las actuaciones al solicitar una autorización judicial”. Por este motivo, “no puede quedar revestida de tintes antijurídicos a efectos de motivar la imposición de sanción”.
Inviolabilidad del domicilio reconocida por el Tribunal Constitucional
Esta resolución está en línea con el derecho a la inviolabilidad del domicilio social de las empresas, reconocido por el Tribunal Constitucional y que establece que, cualquier entrada a él, si no la consiente su titular, requiere de una autorización judicial.
No obstante, es importante tener definido qué partes del domicilio social de la empresa están protegidos por el derecho a inviolabilidad del domicilio y que quedarían fuera de una inspección fiscal sin autorización judicial.
Esta resolución surge en un momento en el que, con la entrada en vigor de la nueva Ley contra el fraude fiscal, el Ejecutivo quiere regular las inspecciones fiscales sin aviso previa que limitan aún más la capacidad de reacción y previsión de los contribuyentes.
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