Esta Consulta Vinculante surge después de que un despacho de abogados trasladara a la DGT que las partes habían pactado que el despacho emitiría a la fundación las facturas correspondientes a sus actuaciones profesionales, a precio de mercado y con aplicación del IVA, contabilizándolas como ingresos de su actividad. Simultáneamente, efectuaría una donación dineraria del derecho de cobro de esos importes, que la fundación computaría como ingreso por donación, expidiendo la oportuna certificación para que el despacho pudiese deducirse ese importe como donación.
No obstante, el planteamiento de ese despacho de abogados es ahora rechazado por la DGT al establecer que los servicios “pro bono” no son deducibles ni en el Impuesto sobre Sociedades ni en IVA.
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