[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_link_target=»_self» column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid» bg_image_animation=»none»][vc_column_text] Este verano han sido varios los acuerdos adoptados por distintas organizaciones internacionales para la implantación de un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, a nivel internacional, dirigido especialmente a las multinacionales para que tributen allí donde generan sus ingresos y no donde tengan sus sedes sociales. Acuerdos como los suscritos por el G7, G20 o por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como la recomendación en esta misma línea de la Comisión Europea, han sido la base para que el Ejecutivo apueste por incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_link_target=»_self» column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid» bg_image_animation=»none»][vc_column_text]Tras conocer el contenido de los PGE 2022, que ya están siendo debatidos en el Congreso de los Diputados, una de las medidas más destacadas es la creación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas y multinacionales, de tal manera que tributen allí donde generan sus ingresos y no donde tengan sus sedes sociales. En concreto, esta medida establece el derecho de cada país a gravar parte de los beneficios conseguidos por compañías sin presencia física en su territorio y el establecimiento de una base imponible mínima y efectiva para las grandes multinacionales. De este modo, todas las empresas tendrán que hacer frente a un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades y obliga a las multinacionales a tributar en el país donde generan sus ingresos.
Este tipo mínimo del 15% en Sociedades parecía que no iba a estar contemplado en estas cuentas públicas atendiendo a la postura del Ejecutivo de no acometer ningún cambio fiscal hasta conocer las conclusiones del comité de expertos para la reforma fiscal, cuyas conclusiones no se conocerán hasta febrero del año que viene. No obstante, las presiones de Unidas Podemos parecen haber forzado la inclusión de esta medida en las cuentas públicas de 2022, teniendo vigor ya a partir del 1 de enero de 2022 este tipo mínimo del 15% en Sociedades.
Así las cosas, de salir adelante estas cuentas públicas, a partir del ejercicio 2022 todas las multinacionales, tengan su sede social o no en territorio español, deberán tributar a un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades por los ingresos obtenidos en España.[/vc_column_text][vc_column_text]
Islas Canarias exenta de ese tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el territorio de Islas Canarias no se verá afectado por el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades.[/vc_column_text][vc_column_text]
Críticas de la patronal al tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades
Esta medida no ha contado con el visto bueno de la patronal que ya se ha adelantado en avisar que esta medida puede provocar la posible huida de grandes empresas para evitar el pago de mayores impuestos. Así lo ha denunciado Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
