Finalmente, la trabajadora impugnó su despido en 2017 ante el Juzgado de lo Social de Madrid, quien estimó su demanda y condenó al IMIDRA a abonarle una indemnización por despido y éste interpuso recurso ante el TSJ de Madrid, que dio traslado al TJUE.
Qué dice la normativa europea en materia de renovación de contratos temporales
Además, la normativa española no contempla ninguna medida destinada a prevenir y en su caso sancionar la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos. Este punto, en opinión del TJUE, debería tenerse en cuenta, ya que el paso de un empleado a un contrato indefinido no fijo podría ser una medida apta para sancionar la utilización abusiva de contratos de duración determinada en el sector público.
Es más, tal y como denuncia el TJUE, la propia normativa española fija un plazo de tres años para organizar procesos selectivos que permite «evitar perpetuar las relaciones temporales de trabajo», por lo que está consecución de contratos temporales no estaría justificada. No obstante, el Tribunal Supremo avala que ese plazo para organizar procesos de selección puede ser prorrogado «por diversos motivos», permitiendo en la práctica la «renovación de contratos de trabajo de duración determinadas para atender necesidades que en realidad no son provisionales».
En este sentido, nos encontramos que hay una disparidad de criterio entre el Tribunal Supremo y el TJUE que, sin duda, deberá clarificarse en próximas y futuras sentencias.
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