Desde el pasado 13 de Julio está en vigor la nueva Ley 15/2022, de 12 de Julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación que viene a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), la Ley de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa (LJCA), la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU).
El objetivo de esta Ley viene a ser garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación y respetar la igual dignidad de las personas en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución Española.
Qué entendemos por discriminación múltiple e interseccional
En la Ley 15/2022 se viene a definir lo que se entiende por discriminación múltiple e interseccional y se establecen las medidas de acción positiva adecuadas a este tipo específico de discriminación por su trascendencia para el desarrollo de las políticas de igualdad dirigidas a las mujeres, especialmente vulnerables a este tipo de discriminación cuando al motivo de discriminación por razón de sexo y se le añade cualquier otro motivo previsto en la ley.
Por su parte, la discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras.
Cuando hablamos de discriminación por asociación es cuando una persona o grupo en que se integra, debido a su relación con otra sobre la que concurra alguna de las causas previstas en el apartado primero del artículo 2 de esta ley, es objeto de un trato discriminatorio y la discriminación por error es aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas.
Derecho de igualdad de trato y no discriminación en la vida política, cultural y social
Se regula el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en determinados ámbitos de la vida política, cultural y social como el empleo y trabajo, educación, atención sanitaria, servicios sociales, en el acceso a la oferta al público de bienes y servicios, seguridad ciudadana, vivienda y en establecimientos o espacios abiertos al público.
En relación con los medios de comunicación y la publicidad, se prevé su sometimiento a dicha prohibición, así como la promoción de acuerdos de autorregulación en la materia. Por último, se aborda la igualdad de trato y no discriminación en el ámbito de la inteligencia artificial y mecanismos de toma de decisión automatizados.
Concretamente, se crea el Código de Conducta firmado por diversas compañías con la Comisión Europea para la lucha contra la incitación ilegal al odio en internet, la Recomendación núm. 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI) relativa a la lucha contra el discurso de odio o la Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión Europea sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea.
También se regulan las reglas de la carga de la prueba, de especial importancia en este campo, por la dificultad de su obtención.
Por otro lado, prevé el fomento de la formación especializada en esta materia de los miembros del Ministerio Fiscal.
Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el empleo por cuenta ajena
La Ley establece que no podrán establecerse limitaciones, segregaciones o exclusiones por razón de las causas previstas en esta ley para el acceso al empleo por cuenta ajena, público o privado, incluidos los criterios de selección, en la formación para el empleo, en la promoción profesional, en la retribución, en la jornada y demás condiciones de trabajo, así como en la suspensión, el despido u otras causas de extinción del contrato de trabajo.
El empleador no podrá preguntar sobre las condiciones de salud del aspirante al puesto con graves consecuencias en este sentido.
Asimismo, por vía reglamentaria, se podrá exigir a los empleadores cuyas empresas tengan más de 250 trabajadores, que publiquen la información salarial necesaria para analizar los factores de las diferencias salariales. El art. 9.6 establece la posibilidad reglamentaria de exigir a las empresas con más de 250 trabajadores la publicación de la información salarial necesaria para analizar los factores de las diferencias salariales, teniendo en cuenta las condiciones o circunstancias del artículo 2.1.
Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el empleo por cuenta propia
La Ley establece que no podrán establecerse limitaciones, segregaciones o exclusiones por las causas previstas en esta ley en el acceso al ejercicio y en el desarrollo de una actividad por cuenta propia.
Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en organizaciones políticas, sindicales y empresariales
Creación de la Autoridad Independiente para la igualdad de Trato y la No Discriminación
Se establece la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un organismo independiente, unipersonal, basado fundamentalmente en la auctoritas de su titular, que ofrezca protección frente a la discriminación y promueva el cumplimiento del derecho antidiscriminatorio.
Atención a las víctimas de discriminación e intolerancia
El título V de la Ley incluye los preceptos dedicados a la información, atención integral y apoyo a las víctimas de discriminación e intolerancia, incluyendo el asesoramiento y la asistencia, en especial la sanitaria, y las medidas sociales tendentes a facilitar su recuperación integral y atendiendo específicamente los casos en los que se hayan empleado las redes sociales o las nuevas tecnologías para realizar las agresiones.
A qué sanciones se enfrentan las empresas que incumplan la Ley para la igualdad de trato y la no discriminación
En lo que se refiere al régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación, las infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación se calificarán como leves, graves o muy graves.
Así, tendrán la consideración de infracciones graves:
- Los actos u omisiones que constituyan una discriminación, directa o indirecta, por asociación, por error, así como los que constituyan inducción, orden o instrucción de discriminar a una persona por razón de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2 de esta ley, en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable.
- Toda conducta de represalia en los términos previstos en el artículo 6 de la presente Ley.
- El incumplimiento de un requerimiento administrativo específico, que no constituya una exigencia formal, formulado por el órgano administrativo al que corresponda el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de esta Ley.
- La comisión de una tercera o más infracción leve, siempre que en el plazo del año anterior el presunto infractor hubiera sido ya sancionado por dos infracciones leves mediante resolución administrativa firme.
¿Qué efectos tendrá esta Ley en los despidos a trabajadores enfermos o de baja por IT?
En este sentido, destaca tres posibles medidas:
- «Primera: Declaración de nulidad de pleno derecho de las disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de alguno de los motivos previstos en el apartado primero del artículo 2 de la Ley 15/2022.
- Segunda: Obligación de reparación del daño causado proporcionando una indemnización y restituyendo a la víctima a la situación anterior al incidente discriminatorio, cuando sea posible. Acreditada la discriminación se presumirá la existencia de daño moral.
- Tercera: Inversión de la carga de la prueba, pues, cuando la parte actora o el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.»
Así, considera que «una situación de enfermedad o de baja por IT es muy difícil que no quede subsumida en alguno de los conceptos de enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, por lo que, parece claro que, salvo error y/o mejor doctrina, se activarán las tres medidas anteriores y, si el empresario no es capaz de justificar la decisión extintiva de forma objetiva y razonable, deberá declararse la nulidad del despido».
El principal problema, según Ignasi, «podría venir de la mano del desconocimiento del empresario de la situación de enfermedad o de la condición de salud o de la predisposición del trabajador no sería un obstáculo para alcanzar idéntico resultado, aunque el desconocimiento no sea sinónimo de error, atendiendo a lo establecido en la Ley que establece que “la discriminación por error es aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas».
En consecuencia, concluye que «la nulidad de pleno derecho de la conducta discriminatoria, a priori, no es suficiente para la declaración de nulidad del despido (con la consiguiente readmisión). No obstante, en este caso (y sin olvidar el art. 55.5 ET), es muy importante destacar que el artículo 27, además de exigir una indemnización, también obliga a restituir a la víctima a la situación anterior al incidente discriminatorio».
Así las cosas, es más que probable que las empresas tengan serias dificultades de extinguir la relación laboral de trabajadores enfermos a pesar de que reconozcan su improcedencia debiendo proceder a su readmisión y al pago de una indemnización. No obstante, habrá que esperar a la aplicación práctica de la Ley de igualdad de trato y la no discriminación y, especialmente, a los pronunciamientos que realicen los juzgados y tribunales al respecto.
Desde GEFISCAL ETL Global os informaremos al respecto de la aplicación práctica de la Ley de igualdad de trato y la no discriminación y de sus consecuencias para empresas y trabajadores.
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