Una empresa no puede eliminar unilateralmente el derecho de los trabajadores a recibir tickets restaurante si este derecho venía disfrutándose desde siempre y está regulado por convenio colectivo. Así lo ha establecido recientemente la Audiencia Nacional en una sentencia en la que se enfrenta la plantilla de una empresa a la patronal por la supresión de los tickets restaurante y la modificación de la jornada laboral.
El teletrabajo, instaurado en muchas empresas desde el inicio de la crisis del Covid19, ha sido el motivo por el cual una empresa ha modificado la jornada laboral de sus trabajadores pasando a ser una jornada intensiva de 08:00 a 16:00 horas sin descanso para comer al contrario que la jornada anterior que era partida con una hora para comer. Asimismo, todos los trabajadores tenían tickets restaurante que la empresa, al modificar la jornada laboral y desaparecer ese tiempo de descanso para comer, ha eliminado por completo.
Los motivos esgrimidos por la empresa para la modificación de la jornada laboral y la supresión de los tickets restaurante es que “con el horario continuado se facilitaba la conciliación familiar y se evitaba que los operarios tuvieran que salir a comer fuera del domicilio”. Con respecto a la retirada de los tickets restaurante, el empresario argumentó “que las personas que teletrabajaban no necesitaban dicha ayuda porque ya no se realizaba el gasto fuera de casa”.
Ante la postura de la empresa, la plantilla de trabajadores presentó una denuncia ya que esta decisión se había tomado unilateralmente y no a través de un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo, regulado en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, ya que las modificaciones afectaban a la jornada laboral y a un derecho, el de los tickets restaurante, regulado por convenio colectivo.
La empresa no inició ese procedimiento que, aunque se hubiera iniciado y se hubiera resuelto sin éxito, tampoco daba derecho a la empresa a tomar esa decisión de manera unilateral ya que, si finalizado el plazo no se llega a un acuerdo, se podrán instaurar las medidas pretendidas solo “cuando concurran probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción”. Y en este caso no existían esas razones.
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