El conglomerado de medidas que deberán cumplir las empresas en materia de atención al cliente son:
- Las empresas deberán seguir una serie de protocolos a la hora de facilitar información, atender incidencias y resolver quejas y reclamaciones de clientes.
- Será obligatoria la atención por una persona física y no por un robot a través de un contestador automático en el caso de consultas, quejas, reclamaciones o incidencias que se comuniquen a través de teléfono o correo electrónico.
- Las empresas que prestan servicios básicos estarán obligadas a ofrecer atención al cliente para incidencias en el servicio que prestan las 24 horas del día 365 días al año.
- Facilitar la accesibilidad a los servicios de atención al cliente a personas vulnerables con discapacidad o edad avanzada. En el supuesto de personas con discapacidad, el canal telefónico deberá complementarse, a elección de la persona con discapacidad, con un sistema alternativo de mensajería escrita instantánea por aplicación de dispositivo móvil de uso generalizado o bien con un sistema de video interpretación en lengua de signos. Las empresas deberán contar con formación y capacitación especializada para las personas que atiendan a los clientes. Esta capacitación será acorde al sector de actividad de la compañía que, además, tendrá que garantizar la eficacia en la gestión, incluyendo formación específica en atención a personas consumidoras vulnerables y, en especial, a personas con discapacidad o edad avanzada.
- Obligación de que el cliente pueda solicitar ser atendido por un supervisor.
- Obligación de cumplir con los límites a los tiempos de espera telefónica y prohibición de derivación desde un teléfono gratuito a números que impliquen un coste adicional para el cliente.
- El horario del servicio de atención a la clientela se ajustará al horario comercial de la empresa.
- Las consultas, quejas, reclamaciones o incidencias serán resueltas lo más rápido posible y nunca en un plazo superior a un mes.
- La empresa no podrá aprovechar las consultas de clientes para ofertar bienes, servicios u ofertas comerciales, salvo que estén directa y claramente relacionadas con la resolución de la consulta, queja, reclamación o incidencia. En todo caso, si se produce una oferta, tiene que implicar una mejora en las condiciones de prestación del servicio o del precio.
- Las empresas deberán permitir la presentación de reclamaciones, quejas, incidencias o consultas y la recepción de la comunicación de su resolución, al menos, por el mismo medio por el que se inició la compra. Asimismo, la empresa tendrá que entregar una clave identificativa y un justificante por escrito, en papel o a través de medio electrónico, para que los consumidores puedan tener constancia del estado de sus consultas, quejas, reclamaciones e incidencias presentadas. Ahí, el consumidor accederá a la información veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada sobre cualquier incidencia surgida en torno a la normal prestación del servicio. También tendrá garantizada la devolución equitativa del precio u otras compensaciones, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato o la oferta comercial.
- Los medios de interlocución habilitados por la empresa deberán figurar en el contrato, en las facturas y en su página web. En estos soportes, la información debe ser accesible y con un tamaño que permita su fácil lectura por parte del cliente y en un lugar destacado. Si se trata de una web, será en la página de inicio.
- Si la queja o reclamación se produce por vía telefónica, la empresa grabará la llamada e informará del medio para acceder a ella en el justificante que se remita. Las respuestas al cliente deberán estar debidamente motivadas y en ningún caso podrán ser cerradas por caducidad o prescripción no imputable a la clientela.
- En caso de incidencias que afecten gravemente a la prestación del servicio o a su continuidad, la empresa deberá informar sin que el cliente lo haya solicitado, indicando además los derechos e indemnizaciones que procedan.
Asimismo, además de estas obligaciones, las empresas estarán sometidas a procesos que miden la satisfacción del cliente respecto de sus servicios y de la atención prestada. La nueva Ley abrirá la puerta a sistemas que permitan definir el grado de satisfacción de la clientela y sus datos serán públicos. Las encuestas de satisfacción no se podrán realizar con anterioridad a la resolución de la consulta, queja, reclamación o incidencia.
Por último, las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley deberán colaborar con las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas, en relación con los servicios de atención al cliente y el mantenimiento de su calidad y eficacia.
No obstante, recordamos que este Anteproyecto de Ley deberá ser aprobado ahora por el Congreso de los Diputados para su total aprobación.
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