Ya en vigor el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española

Novedades en el nuevo Estatuto General de la Abogacía

Este nuevo Estatuto General de la Abogacía incluye una serie de novedades y modificaciones que es importante destacar:

• Elimina cualquier posible limitación para la prestación libre de servicios profesionales en todo el territorio español, con igualdad de derechos y deberes, así como en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea y en los demás países con arreglo a las normas y convenios internacionales aplicables.
• Regula el secreto profesional, como deber y derecho del profesional de la abogacía, como auténtico signo identificador de nuestra profesión.
• Establece un sistema de incompatibilidades que evite riesgos a la plena aplicación de los principios y valores que son la clave sobre la que descansa la confianza del cliente en su abogado.
• Consagra el principio de libertad en la publicidad de los servicios de la abogacía, pero bajo la exigencia del respeto en todo caso a la independencia, libertad, dignidad e integridad y, por supuesto al secreto profesional.
• Presta especial atención a la deontología profesional del abogado, en su contraste con las reglas del mercado, buscando soluciones garantistas para la posición de clientes y profesionales. Normas deontológicas adecuadas a la realidad social, no corporativistas y protectoras de los derechos del cliente y del interés general.
• Reafirma el reconocimiento de la libertad e independencia del abogado, que asegura la compatibilidad entre la defensa de los derechos e intereses de los clientes y la colaboración leal con el juez.
• Ordena las relaciones entre el profesional y el cliente sobre la base de la confianza que sirve de fundamento a esa relación y que se sustenta en el deber de rigurosa información al cliente, que va desde el pronóstico sobre la viabilidad del asunto, a los honorarios y costes de la actuación profesional. Y en esta línea de transparencia, fortalecedora de la confianza, se impone al profesional el deber de procurar disuadir al cliente de promover conflictos carentes de fundamento y de aconsejar sobre las vías alternativas que puedan existir para la satisfacción de sus legítimos intereses.
• Se regulan los conflictos de intereses, como una esencial exigencia deontológica en el ejercicio de la abogacía.
• Se sitúa a los Colegios y al Consejo General en el Siglo XXI, enfatizando la democracia, transparencia, calidad y responsabilidad de las Corporaciones, poniendo especial atención en su legitimación y función social y su capacidad de respuesta no sólo para las necesidades de los colegiados, sino principalmente de los ciudadanos. Respeta las competencias autonómicas y las instituciones corporativas creadas en ese ámbito y reconoce mayor autonomía colegial para determinar su propia organización y reglas de funcionamiento.
• Sometimiento al gobierno de los colegios a los principios de democracia, autonomía y transparencia.
• Obligatoriedad de que los consejos y colegios de la abogacía ofrezcan una amplia difusión de sus servicios y su trabajo a través de su Página Web.
• Reconoce el derecho y el deber de los profesionales a la formación continuada y especializada.
• Igualdad efectiva de mujeres y hombres en la provisión de los órganos colegiales y conciliación de la vida familiar y profesional.
• Se pone en marcha la ventanilla única de los colegios, para ofrecer, de forma clara y gratuita, información a los consumidores y usuarios. Destaca también la preocupación por fomentar un elevado nivel de calidad de los servicios prestados, así como su constante mejora.
• Regula un nuevo régimen de responsabilidad disciplinaria, mediante el que la organización colegial vela por la ética y la dignidad profesional y por el derecho de los particulares, recogiendo sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones.
• Reconocimiento expreso a los colegios de la Abogacía a presentar denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se producen reiterados retrasos injustificados en los juzgados y tribunales y cuando se produzcan conductas que afecten a la libertad o independencia de un letrado y ésta se haya visto amparada por la institución colegial.