[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_link_target=»_self» column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid» bg_image_animation=»none»][vc_column_text]L a calificación por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de las cláusulas suelo como cláusulas abusivas que tuvo lugar en 2013 ha dado lugar en los últimos años a una infinidad de litigios que enfrentan a la banca con clientes con hipotecas que incluyen estas cláusulas abusivas y que se suelen saldar con la devolución, por parte de la entidad financiera, de las cantidades abonadas indebidamente en concepto de cláusula suelo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_link_target=»_self» column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid» bg_image_animation=»none»][vc_column_text]Esa litigiosidad se traduce en 240.000 demandas pendientes de juicio en la actualidad lo que genera un gran atasco judicial con demandantes a la espera de resolución y con otros muchos juicios que están “a la cola”. Esta situación pretende ser resuelta con la tramitación y aprobación de dos anteproyectos en los que está trabajando el Ministerio de Justicia y que comprenden la creación de juicios verbales; pleitos testigo (que sirven como modelo para miles de casos similares sin celebrar juicio); exigencias de buscar un acuerdo previo, así como sanciones a los bancos que dilaten los procesos innecesariamente.
Estos dos anteproyectos se espera que se tramitan en 2022, fecha a partir de la cual entrarían en vigor estos procedimientos que tienen como objetivo agilizar estas más de 240.000 demandas pendientes de juicio. Además de estas 240.000 demandas que tienen como protagonista a las cláusulas suelo, hay que sumar las demandas de los créditos referenciados al IRPH o los préstamos multidivisa.
En concreto, estos dos nuevos anteproyectos comprenden la creación de juicios verbales, sea cual sea la cuantía reclamada. Se trata de procesos judiciales más sencillos y rápidos que el juicio ordinario, donde el juez podrá dictar sentencia oralmente, agilizando los pleitos.
Por otro lado, está la técnica del pleito testigo que permitirá que se tramite el litigio suspendiendo la tramitación de los demás hasta que se dicte sentencia en el que se ha determinado como testigo y la resolución sea firme. A partir de ahí, todos los demás ciudadanos podrán pedir que se les apliquen los efectos de la sentencia del pleito testigo cuando los casos son iguales.
Finalmente, el anteproyecto de ley recoge una tercera medida: un sistema de medios adecuados de solución de controversias para que no se pueda interponer demanda sin una negociación previa entre las partes. En el caso de las cláusulas abusivas, el consumidor reclamará frente al banco antes de interponer la demanda y este tendrá que admitir o denegar la reclamación y no podrá alegar otros motivos diferentes en el pleito posterior si no se llega a un acuerdo. Si hay acuerdo, el banco desglosará las cantidades y pagará en un solo mes. Transcurrido ese plazo, pagará los intereses legales del dinero más ocho puntos. Si finalmente la reclamación acaba en un pleito, se tendrá en cuenta la colaboración que las partes hayan prestado en la solución de estas controversias, tanto para la imposición de costas como para considerar que se pueda haber producido un abuso del servicio público de Justicia merecedor de la imposición de una sanción.[/vc_column_text][vc_column_text]
Futuros Tribunales de Instancia
El Ministerio de Justicia está trabajando también en el Anteproyecto de Ley Organizativa en el que se regulan los futuros Tribunales de Instancia. Entre las funciones de su presidente y de los presidentes de sección estará unificar prácticas y criterios cuando hubiera diferentes interpretaciones, algo importante para las cláusulas suelo y otras abusivas que son sustancialmente iguales y generan litigación en masa.
Con estas novedades, el Ministerio de Justicia pretende solucionar las miles de demandas que están pendientes en materia de cláusula suelo, dando una solución a los damnificados y atendiendo a las reclamaciones de asociaciones de consumidores de banca que llevan años reclamando acabar con esta situación.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_link_target=»_self» column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid» bg_image_animation=»none»][/vc_column][/vc_row]
