El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los sindicatos UGT y CC.OO. han alcanzado un acuerdo para incrementar las cotizaciones sociales de los trabajadores un 0,6% desde 2023 a 2032. La finalidad no es otra que garantizar el abono de las pensiones de los trabajadores de la generación del Baby Boom. Esta medida se inserta dentro del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituirá al Factor de Sostenibilidad, derogado por la nueva reforma de las pensiones.

De este modo, el MEI contempla la aportación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social de un incremento del 0,6% en las cotizaciones de los trabajadores, que pasarían del 28,30% al 28,80%.

Si bien es cierto que en un primer momento se habló de un incremento del 0,5%, la propuesta que se ha presentado y que finalmente ha sido aprobada sólo por los sindicatos y con el rechazo de la patronal, fija el aumento de las cotizaciones sociales en un 0,6%. La empresa asumirá un 0,5% y el trabajador un 0,1%.

Este incremento en las cotizaciones sociales duraría 10 años, comenzando en 2023 y terminado en 2032 y la recaudación sería de 50.000 millones de euros para el Fondo de Reserva. Si llegado ese momento, los fondos creados para ese fin no fueran necesarios, esa sobrecotización se compensaría con una reducción en las cotizaciones sociales o con una mejora de las prestaciones. Por el contrario, si las previsiones fueran insuficientes, se prevé que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional pueda reducir el importe de las pensiones para poder hacer frente a su pago. No obstante, esa sobrecotización sería insuficiente ya que sólo generaría 10.000 millones de euros de los 60.000 millones de euros que se necesitan para abonar las pensiones de los Baby Boomers.

Una vez superado ese plazo de 10 años, se trata de verificar cada tres años el nivel de gasto y analizar si el gasto en prestaciones sobre PIB se desvía de la proyección para 2050 del informe sobre pensiones de la Comisión Europea, el Ageing Report, de 2024. Si así fuera, se tendrían que tomar nuevas medidas para corregirlo. Tal y como informan determinadas fuentes, el gasto nunca podría suponer en total más de 0,8 puntos de PIB al año en 2050. Si esto sucediera, se haría uso del dinero del Fondo de Reserva con un límite anual del 0,2% del PIB. Si aun así no fuera suficiente,  el Gobierno negociaría con los agentes sociales una propuesta que elevaría al Pacto de Toledo para reducir el gasto en pensiones en porcentaje de PIB. Estas medidas tendrían un límite anual del 0,4% del PIB. Si esto no resultara bastante, el Gobierno acordaría con patronal y sindicatos otra subida de las cotizaciones hasta un máximo del 0,4% del PIB al año.

Esta medida será introducida como enmienda en el primer bloque de la nueva reforma de las pensiones que se espera sea aprobada antes de que finalice el año.

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